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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE)ratificó la suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana (Lista 5), mediante resolución emitida en abril de 2026, en Ecuador, debido a la vigencia de una investigación por presunto lavado de activos que motivó la medida cautelar.
La decisión se enmarca en la causa electoral Nro. 029-2026-TCE y fue adoptada por el juez Joaquín Viteri Llanga, quien resolvió mantener la medida dictada el 6 de marzo de 2026. Esta disposición implica que la organización política no podrá operar plenamente dentro del sistema electoral mientras se mantengan las condiciones que originaron la sanción.
Según el análisis jurídico del tribunal, la suspensión está sujeta a la continuidad de los elementos que dieron lugar a la medida, principalmente la investigación penal en curso. En este contexto, el organismo determinó que no existe variación en los hechos jurídicos.
El pronunciamiento se sustenta en un informe de la Fiscalía General del Estado, remitido por la fiscal Judith Bonilla Estrada, en el que se confirma que el denominado “Caso Caja Chica” continúa en fase de indagación previa.
Investigación penal en curso en contra de Revolución Ciudadana
De acuerdo con el documento, la investigación se mantiene bajo reserva conforme a la normativa vigente, lo que limita la divulgación de detalles sobre el proceso. Este aspecto fue considerado clave por el tribunal para sostener la medida cautelar.
El TCE concluyó que la continuidad de la indagación penal impide modificar o levantar la suspensión, ya que no se han presentado cambios sustanciales en el estado del proceso judicial.
En este sentido, la resolución establece que la medida seguirá vigente mientras persistan las condiciones legales que la motivaron, en concordancia con el marco normativo electoral ecuatoriano.
Impacto en el escenario electoral
La ratificación de la suspensión tiene efectos directos en la participación del movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026 en Ecuador.
La presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, había solicitado el levantamiento de la medida; sin embargo, el pedido fue negado por el tribunal.
Ante este escenario, la organización analiza alternativas para participar en el proceso electoral, entre ellas la posibilidad de establecer alianzas con otras agrupaciones políticas que sí se encuentren habilitadas.
Procedimientos y notificaciones
La resolución dispone la notificación inmediata al Consejo Nacional Electoral (CNE), así como a la Fiscalía y a los actores involucrados en la causa. También se incluye a terceros que participan bajo la figura de amicus curiae.
Este procedimiento busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y la transparencia en el proceso electoral, en el marco de las competencias de cada institución.
El caso se mantiene en desarrollo y dependerá de la evolución de la investigación penal para determinar posibles cambios en la situación jurídica del movimiento político Revolución Ciudadana.
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