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El presidente de Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 307 el pasado viernes 13 de febrero de 2026, facultando al Estado ecuatoriano para intervenir directamente en el mercado de maíz y arroz.
A través de esta normativa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asume la competencia para comprar, almacenar y vender estos insumos con el fin de reducir las distorsiones causadas por la intermediación y fortalecer la soberanía alimentaria.
La medida, de aplicación inmediata, busca proteger al pequeño productor y estabilizar los precios al consumidor final frente a posibles actos de acaparamiento o adulteración en las cadenas de comercialización, se detalló.
Así intervendrá el Estado en el comercio de maíz y arroz
El decreto establece que las acciones del MAG deben orientarse a impulsar el comercio justo y evitar la especulación de precios en productos sensibles de la canasta básica. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar el presupuesto necesario para ejecutar la planificación anual de compras, condicionada a la disponibilidad de recursos. Además, el Estado tendrá la responsabilidad de coordinar operativos para impedir el contrabando en todas las fases de comercialización, asegurando que el grano en circulación cumpla con las normativas vigentes.
Una de las facultades más destacadas del artículo 2 es la creación de un sistema de reservas estratégicas. El MAG podrá desarrollar infraestructura propia o celebrar contratos de arrendamiento, concesión o asociación para gestionar silos y bodegas. Estos espacios deberán cumplir estrictas medidas fitosanitarias para la conservación de los granos. Asimismo, la autoridad agraria queda autorizada para contratar servicios de transporte y logística necesarios para movilizar el producto hacia los centros de acopio o distribución en todo el país.
Precios de mercado y soberanía alimentaria
Respecto a la operatividad comercial, la normativa dispone que la compra se realice a un precio justo al productor, mientras que la venta se efectuará bajo criterios de competitividad y estudios técnicos.
El decreto establece que la compra deberá realizarse a un precio justo al productor y que la venta podrá efectuarse a precios competitivos acorde a condiciones de mercado, sustentados en estudios técnicos. Incluso contempla que el valor de venta pueda ser inferior al de adquisición si responde a criterios de eficiencia, racionalidad económica, interés público y soberanía alimentaria.
Finalmente, el documento abre la puerta a la asistencia social mediante la donación de productos a entidades públicas o privadas sin fines de lucro en casos de emergencia o atención a grupos prioritarios.
Con la vigencia del Decreto 307, el Estado retoma un rol activo en la regulación de la oferta y demanda de granos como el maíz y el arroz, una función que había sido limitada en administraciones anteriores.
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