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El Consejo de Estado de Colombia suspendió el 13 de febrero de 2026 el decreto que establecía un aumento del 23,7% al salario mínimo para 2026, decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro en diciembre pasado. El alto tribunal ordenó al Ejecutivo expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, argumentando que el ajuste debe cumplir estrictamente los criterios legales vigentes.
El salario mínimo de Colombia había sido fijado en 2.000.000 de pesos colombianos (aproximadamente USD 520), incluido el auxilio de transporte, beneficiando según el Gobierno a 2,3 millones de trabajadores. Antes del incremento, el salario era de 1.623.500 pesos (USD 422).
La decisión judicial responde a demandas interpuestas por empresarios y juristas de Colombia, quienes cuestionaron la fundamentación técnica del aumento y su impacto económico.
Fundamentos del fallo judicial en Colombia
En su resolución, el Consejo de Estado de Colombia señaló que el decreto carecía de una “justificación verificable” en términos jurídicos y económicos. Según el tribunal, el Gobierno de Colombia debía aplicar integralmente los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996, que exige considerar variables como la inflación, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
El fallo indica que el Ejecutivo no puede sustituir los criterios legales por conceptos distintos a los contemplados en la normativa. Por ello, ordenó la expedición de un decreto transitorio que defina el porcentaje de aumento y el valor total del salario mínimo para 2026, mientras se adopta una decisión de fondo.
El tribunal advirtió que el nuevo ajuste deberá cumplir “de manera clara y verificable” con los parámetros legales, con el fin de evitar un vacío normativo sobre el valor que regirá este año.
Reacción del Gobierno y próximos pasos
Tras conocerse la decisión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que respetará el fallo y convocó a una reunión de concertación para definir el nuevo monto. A través de la red social X, indicó que el Ministerio de Trabajo de Colombia organizará de inmediato un espacio de diálogo.
En Colombia, el salario mínimo se define tradicionalmente mediante una negociación tripartita entre centrales obreras, empresarios y Gobierno. Cuando no hay consenso, el Ejecutivo puede fijarlo por decreto, como ocurrió en diciembre de 2025.
En esa negociación, los sindicatos solicitaban un incremento cercano al 16%, mientras que los gremios empresariales planteaban un aumento aproximado del 7%. El ajuste decretado finalmente fue del 23,7%, superior a las cifras discutidas en la mesa.
El mayor incremento porcentual
El salario mínimo en Colombia es una referencia clave para el mercado laboral formal y para múltiples contratos indexados a este valor. El monto suspendido de 2.000.000 de pesos (USD 520) representaba el mayor incremento porcentual en las últimas décadas.
El Consejo de Estado subrayó que el cálculo debe considerar la inflación real del año anterior y otros indicadores macroeconómicos. Según el fallo, estos parámetros no pueden ser reemplazados por métricas externas o conceptos no contemplados en la ley.
En el contexto regional, los ajustes salariales suelen definirse a finales de cada año. En Ecuador, por ejemplo, el salario básico para 2026 se fijó en USD 482, tras un proceso de concertación entre trabajadores y empleadores.
Incertidumbre mientras se expide el nuevo decreto
Mientras el Gobierno de Colombia emite el nuevo decreto dentro del plazo de ocho días, el valor aplicable seguirá siendo el establecido en la normativa vigente anterior, conforme a lo dispuesto por el propio fallo.
El nuevo monto deberá expresar claramente el porcentaje de incremento y el valor total en pesos colombianos, cumpliendo los criterios técnicos definidos por la ley.
Con esta decisión, el Consejo de Estado de Colombia reafirma el papel del control judicial sobre los actos administrativos relacionados con política salarial, en un año marcado por procesos electorales y debates económicos en Colombia.
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