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El envío de la terna para designar al vocal suplente del Consejo de la Judicatura desató nuevas tensiones, debido a que actores institucionales consideran que el proceso se maneja bajo sombras. El presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, remitió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la lista con tres aspirantes que reemplazarían al titular en funciones.
La terna está compuesta por Mercedes Caicedo Aldaz, Óscar Chamorro González y María Morejón Villavicencio, cuyos nombres quedaron en manos del Cpccs para la designación final.
El titular del Consejo de la Judicatura Mario Godoy, pidió licencia hasta el 13 de febrero mientras enfrenta un proceso de juicio político. Este escenario elevó la importancia del reemplazo.
Al centro del debate aparece la ex suplente Alexandra Villacís, quien registró un supuesto impedimento laboral según el Ministerio de Trabajo, aunque ella lo niega tajantemente. Villacís afirmó que presentó certificaciones que prueban que no tiene restricciones para ejercer y sostuvo que todo responde a una maniobra en su contra. “Intentaron dejarme fuera del cargo con argumentos inexistentes”, aseguró, mientras anunció que interpuso una acción de protección para recuperar su designación legítima.
Denuncias de vínculos y presuntas interferencias
Las alertas crecieron cuando la activista Gabriela Panchana Briones cuestionó la inclusión de María Morejón en la terna enviada por la Corte Nacional. Panchana afirmó que Morejón fue patrocinada por el abogado Luigi García Cano, figura conocida —según dijo— por defender a procesados por narcotráfico. “García Cano es una figura conocida como abogado de narcos, y además es padre del actual asambleísta oficialista Luigi García Velásquez”, enfatizó la activista, cuestionando la independencia que debería primar en la Judicatura.
Panchana agregó que en el estudio jurídico de García Cano y su hijo se formó Dolores Vintimilla de Godoy, lo que para ella configura un entramado de relaciones preocupante. La activista aseguró: “Reemplazan a Mario Godoy para mantener intacta la captura de la justicia”, y sostuvo que la única suplente legítima del presidente de la Judicatura es Alexandra Villacís.
El juicio político contra Godoy continuará
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanza en el juicio político contra Godoy. Los legisladores de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) anunciaron que apoyarán el proceso para que llegue al Pleno. Aunque desestimaron una de las principales causales impulsadas por la Revolución Ciudadana (RC), coincidieron en que existen elementos suficientes para continuar la investigación.
Una de las acusaciones señalaba que Godoy habría ejercido presión, a través del funcionario Henry Gaibor, sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano para favorecer al procesado serbio Jezdimir Srdan. Aunque este punto no logró consenso en la Comisión, abrió la puerta para analizar otras actuaciones cuestionadas dentro de la Judicatura. Los legisladores oficialistas aseguraron que sí existen documentos que evidencian acciones inadecuadas de Godoy orientadas a proteger al juez Serrano en momentos críticos.
Durante su comparecencia, Serrano relató que pidió medidas de protección debido a amenazas vinculadas al caso Srdan y afirmó que nunca recibió una respuesta oportuna. El juez explicó que la falta de apoyo institucional lo dejó en una situación vulnerable pese a haber alertado el riesgo varias veces. Este testimonio fue clave para que los legisladores hablaran de una “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones” por parte de Godoy.
El asambleísta Ferdinan Álvarez argumentó que, si bien Godoy realizó algunas acciones institucionales, “no las cumplió a cabalidad”, lo que justificaría la continuidad del proceso político.
Cuestionamientos al proceso
Solanda Goyes, ex vocal de la judicatura cree que la presión ciudadana dio resultado y pese a que intentaron proteger a Godoy saldrá del cargo. Goyes, no ve todo con satisfacción. “Van a censurar a Mario Godoy por una falta mínima y no por las faltas gravísimas que, incluso, tienen connotaciones de carácter penal”, aseguró.
La legisladora Paola Cabezas comentó que Godoy debe irse “por servir al narco, por incompetente y por haber perdido toda legitimidad”. Pese a eso, agregó, que el problema es el negocio del cargo, “sale uno nefasto y ya intentan imponernos a otro peor”.
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