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La noche de este viernes 13 de febrero de 2026, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continuó con el proceso de control político contra Mario Godoy. Con un respaldo de diez votos a favor, logrando la unanimidad, los comisionados aprobaron el informe borrador que sugiere formalmente el enjuiciamiento del funcionario. La sesión, que inició pasadas las 20:30, fue el escenario donde se ratificaron las acusaciones de presunto incumplimiento de funciones que pesan sobre el presidente del Consejo de la Judicatura.
Este documento técnico, ahora aprobado, será remitido al Pleno del Parlamento para que se inicie la etapa final contra Mario Godoy. La base fundamental de esta recomendación es la “manifiesta inoperancia” detectada en la gestión institucional, especialmente en lo que respecta a la crisis del juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero. Los legisladores concluyeron que la respuesta administrativa ante la renuncia y las necesidades de seguridad del mencionado magistrado fue insuficiente y negligente por parte del titular de la Judicatura.
El caso Serrano y la seguridad judicial
Bajo la conducción del asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Ferdinan Álvarez, la mesa legislativa analizó con detalle las omisiones de Mario Godoy. El informe recoge que no se adoptaron las acciones necesarias para garantizar la integridad física del juez Serrano, lo que derivó en un manejo institucional deficiente. Durante la sesión del viernes, se enfatizó que el control político busca sancionar la falta de transparencia y la inacción ante situaciones de alto riesgo para los servidores judiciales del país.
La interpelación contra Mario Godoy fue impulsada originalmente por cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana: Viviana Veloz, Raúl Chávez, Xavier Lasso, Liliana Durán y Franklin Samaniego. Estos proponentes sostienen que el funcionario falló en su deber de observar el artículo 168 de la Constitución, el cual le obliga a garantizar la independencia judicial de manera absoluta. Para el correísmo, la conducta del acusado vulneró los principios básicos de la administración de justicia al no proteger la autonomía de los magistrados frente a amenazas externas.
Denuncias de injerencia y nexos con el narcotráfico
Uno de los puntos más graves del informe contra Mario Godoy tiene relación con presuntas presiones ejercidas a través de terceros. Los proponentes aseguran que el funcionario, valiéndose de su cargo, habría utilizado a Henry Gaibor, exdirector de la Judicatura de Pichincha, para influir en el juez Carlos Serrano. El objetivo de estas presiones habría sido beneficiar al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, quien enfrenta procesos por narcotráfico. La relación se vuelve crítica al conocerse que Dolores Vintimilla, esposa del investigado, actuó como abogada del extranjero en etapas preprocesales.
Además de este vínculo, el correísmo sostiene que Mario Godoy incurrió en una injerencia indebida en otros casos de alta relevancia nacional. Se menciona una supuesta presión hacia la jueza Nubia Vera en el marco de una acción de protección de la exvicepresidenta Verónica Abad. Asimismo, se señala la interferencia de Gaibor en el caso denominado Euro 2024, relacionado nuevamente con Srdan, quien ya posee una sentencia por lavado de activos. Estas evidencias documentadas refuerzan la tesis de que el control institucional fue utilizado para fines particulares.
Situación administrativa y plazos legales
Actualmente, Mario Godoy no se encuentra ejerciendo sus funciones de manera activa, ya que solicitó una licencia sin sueldo y dos días de vacaciones. Este periodo de ausencia, que comprende del 9 al 13 de febrero, ha dejado la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura en manos del vocal Damián Larco. Mientras tanto, el reloj legislativo sigue avanzando, pues tras la aprobación del informe, la secretaría general de la Asamblea tiene un plazo máximo de dos días para notificar formalmente al funcionario y a los 151 asambleístas.
Una vez cumplida la notificación, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, cuenta con cinco días adicionales para convocar a la sesión del juicio político contra Mario Godoy. En dicha instancia, tanto los asambleístas interpelantes como el acusado deberán exponer sus pruebas de cargo y descargo ante todo el cuerpo legislativo. Este será el momento decisivo donde se definirá si el titular de la Judicatura posee la solvencia moral y técnica para continuar liderando la institución o si debe ser removido de su cargo inmediatamente.
Escenario político y votos para la censura
El panorama para Mario Godoy parece ser sombrío, dado que las principales fuerzas políticas han adelantado su postura de rechazo. La bancada oficialista de ADN ya confirmó que apoyará la censura y destitución, sumándose así al bloque de la Revolución Ciudadana que inició el proceso. Para alcanzar la remoción del funcionario, la Asamblea requiere reunir al menos 101 votos, una cifra que parece alcanzable ante la coincidencia de sectores como Pachakutik, el Partido Social Cristiano y diversos asambleístas independientes.
Con este bloque de oposición y oficialismo alineado, las posibilidades de que Mario Godoy salga absuelto son prácticamente mínimas. La decisión final recaerá sobre el Pleno, que deberá valorar si la inoperancia y los conflictos de interés señalados son suficientes para justificar la destitución definitiva. Ecuador se mantiene a la expectativa de este juicio, que promete reconfigurar la cúpula de la justicia y enviar un mensaje claro sobre la fiscalización a los altos mandos del Estado.
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