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En el espacio de entrevistas de Manavisión Plus, el economista Alberto Acosta Espinosa, con su óptica de analista político y social, evaluó el impacto de la reciente consulta popular, el retorno a los mercados internacionales de deuda y el conflicto arancelario con Colombia, en un escenario donde la seguridad sigue siendo la gran deuda estatal.
-Economista, Ecuador se acostumbra a hablar de crisis democráticas. Situación del país actualmente: un presidente en viajes constantes y un gobierno que sostiene mejorías, incluso en seguridad. ¿Cuál es su percepción como actor político y social?
En Ecuador vivimos en un país en el cual la urgencia, la emergencia y las narrativas de crisis están a la orden del día. Y no solo eso, sino que en el Ecuador contemporáneo, con el gobierno del presidente Daniel Noboa, se gobierna desde la suspensión permanente de la ley, poniendo en jaque la vida misma. El estado de excepción ha dejado de ser un recurso extraordinario para convertirse en una suerte de telón de fondo de la gestión gubernamental.
Si no me equivoco, desde mayo del año 2024, tenemos 12 estados de excepción decretados en menos de dos años, incluido el del 1 de enero de 2026. Hemos vivido 720 días con regímenes especiales; casi dos años completos gobernados a través de decretos y una permanente militarización. ¿Y cuál es el resultado? En el ámbito de la seguridad, un fracaso total.
El gobierno no ha logrado dar una respuesta a la inseguridad en la Costa, la Sierra y la Amazonía. En 2023 tuvimos 47 asesinatos por cada 100,000 habitantes y el año pasado fue más del 51. Somos, seguramente, el país más violento de toda la región.
– ¿Todo este escenario abonó para que fracase la consulta popular del presidente Noboa el pasado 16 de noviembre?
Yo creo que es uno de los elementos. La ciudadanía se va dando cuenta que el presidente Daniel Noboa es apenas una figura en el TikTok, una persona que ha pasado de viajes permanentemente y que apenas da visitas ocasionales al país. Esa es la noticia ahora: que el presidente está visitando el Ecuador. Ha estado 150 días fuera, muchas veces de vacaciones o con agendas no transmitidas.
Además, el pueblo ecuatoriano, que es inteligente e intuitivo, se dio cuenta de que esas preguntas no resolvían los problemas de fondo. Al intentar echar abajo la Constitución de Montecristi, elaborada en tierras manabitas, se intentaba eliminar una herramienta de transformación democrática. Hubo un rechazo masivo por la incapacidad de dar respuestas a la grave situación del pueblo.
-A propósito de economía, Ecuador retornó a los mercados internacionales después de algunos años. ¿Eso es más deuda o verdaderamente mejoría para los ecuatorianos?
Es más deuda y es una deuda cada vez más costosa. Colocar bonos por 4,000 millones de dólares se ve como un “logro”, pero ¿cómo se redujo el riesgo país para lograrlo? No fue con mejora económica, sino reduciendo la inversión en educación, salud, vialidad y seguridad. Se aumentó el IVA, se eliminaron subsidios y se dio la señal de que Ecuador está dispuesto a sacrificar a su sociedad con tal de pagar la deuda externa.
Estamos colocando 4,000 millones en nuevos bonos para comprar 3,000 millones de los viejos al 100% de su valor, cuando en el mercado estaban al 70%. Antes pagábamos un 6.5% de interés y ahora pagaremos cerca del 9%. En el largo plazo pagaremos mucho más interés y capital. Seguimos atados a la “deuda eterna”, como decía el general Eloy Alfaro.
-Usted mencionaba la Asamblea de Montecristi. ¿Tiene hoy Ecuador una oposición a la altura de debatir estos puntos que beneficien al país?
Vivimos tiempos diferentes al 2007. Teníamos un pueblo empoderado en un proceso que ofrecía una revolución ciudadana, algo que no sucedió; hoy solo queda el membrete electoral. Yo valoraba el debate político, me interesaba una Constitución sólidamente discutida. Eso hoy no existe.
La actual Asamblea Nacional está dirigida por personas, disculpen el término, bastante mediocres, incapaces de hacer sentir lo que significa un ámbito legislativo. Si no hay una dirección que abra la puerta a un manejo democrático, difícilmente habrá una oposición a la altura.
-Sobre las leyes económicas urgentes, ¿qué análisis hace de la reforma para el fortalecimiento de sectores estratégicos de minería y energía?
Lo que busca el presidente es fortalecer la presencia de empresas mineras. Quieren eliminar las licencias ambientales para dar paso a simples “autorizaciones”, unificando exploración y explotación. Además, quieren militarizar los proyectos mineros para imponer la actividad, como ya sucede en Palo Quemado.
Hablemos del proyecto “Cangrejos” en El Oro: un megaproyecto que extraerá 1,500 millones de toneladas de material en 26 años, dejando piscinas de líquidos tóxicos. ¿Y cuánto le queda al Estado? Apenas 200 millones de dólares al año, ni el 0.5% del Presupuesto General. Es una ley que no debería ser aceptada porque pasa una tabla rasa sobre la frágil normativa ambiental.
-¿Qué se debería hacer para aprovechar el recurso minero sin estos riesgos?
Lo primero es ver si genera beneficios reales. El artículo 408 de la Constitución dice que el Estado debe recibir más del 50% de los beneficios. Ningún proyecto minero actual cumple eso. Además, ¿quién asumirá los pasivos ambientales y el drenaje ácido de mina por cientos de años?
La alternativa no es “minería legal para parar la ilegal”. En Napo, la destrucción ocurre ante la vista y paciencia de las autoridades. Ha habido complicidad que ha permitido que el crimen organizado entre en la minería ilegal. Pero la minería legal propuesta tampoco cumple con la Constitución ni con la consulta previa a territorios indígenas.
Alberto Acosta Espinosa, exministro de energía
-Finalmente, economista, ¿cuál es su opinión sobre el impasse diplomático y las medidas arancelarias entre Ecuador y Colombia?
Es una crisis refraguada por un gobierno improvisado e irresponsable. Establecer aranceles a productos colombianos no tiene sustento económico; Colombia responde dejándonos sin electricidad y nosotros encarecemos el transporte de su petróleo.
Casi el 60% de lo que recibimos de Colombia son insumos; esto aumentará la inflación, afectará el empleo y aumentará el contrabando. ¿Cuál es el motivo real? No será que está cumpliendo instrucciones de Donald Trump para golpear al gobierno colombiano? Es una demostración de irresponsabilidad.
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