Las cooperativas de ahorro y crédito celebran la decisión de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Integridad Pública. La norma planteaba convertir a ciertas cooperativas en bancos, lo que generó fuerte rechazo.
La disposición décimo primera ordenaba a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria emitir regulaciones en 90 días para definir qué entidades debían transformarse.
El texto no detallaba criterios claros para que las cooperativas de ahorro y crédito se convirtieran en bancos. Esa incertidumbre preocupó al sector, que denunció violación al derecho de asociación.
Dirigentes advirtieron además que la medida vulneraba el reconocimiento de la economía popular y solidaria y que en la Asamblea se aprobó sin consultar a los sectores involucrados.
Argumentos de la demanda de inconstitucionalidad
La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) lideró la demanda de inconstitucionalidad. El proceso inició el 4 de julio con la acción legal presentada por Juan Pablo Guerra Galán, director ejecutivo del gremio.
La Corte Constitucional aceptó los argumentos y el 26 de septiembre emitió su fallo. Dejó sin efecto la disposición que obligaba a transformar a las cooperativas en bancos privados.
Guerra aseguró que la defensa jurídica de la organización “puso en evidencia un indebido proceso de la Asamblea Nacional que sin un diálogo técnico y social configuró el irrespeto a la libertad de asociación y pretendió convertirnos en sociedades de capital“, explicó en una entrevista con diario El Universo.
Además, destacó que revertir la medida es “no solo procedente, sino también necesaria para restituir la seguridad jurídica que determina constitucionalmente que el sistema económico del Ecuador es social y solidario”.
Según Guerra, la disposición “significaba un golpe sistémico al sector”. El dirigente señaló que se intentaba desconocer la sociedad de personas para imponer sociedades de capital, afectando el modelo solidario.
En este marco, reiteró el pedido al presidente Daniel Noboa de iniciar “un diálogo nacional”. El objetivo es que el Gobierno reconozca al sector cooperativo como un aliado estratégico para las comunidades vulnerables.
Cooperativas de ahorro y crédito
De acuerdo con datos de la Asofipse, en Ecuador existen seis millones de personas asociadas a cooperativas de ahorro y crédito, lo que representa un 30% del sistema financiero del país.
El vocero aclaró que antes de la sentencia de la CC no se había iniciado ningún procedimiento desde la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM). “La Junta recién tomó posesión, no había nada aún”, explicó.
Los miembros de la JPRFM asumieron sus cargos el 16 de septiembre en la Asamblea Nacional. Este organismo reemplazó a las juntas Monetaria y Financiera anteriores.
Sin embargo, con la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, la JPRFM también queda sin sustento legal y su continuidad resulta incierta.
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