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La empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) denunció un presunto intento del Estado ecuatoriano de adquirir el 40 % de sus acciones, mientras el presidente Daniel Noboa rechazó las acusaciones y organismos internacionales manifestaron preocupación por la libertad de expresión en el país.
La empresa GRANASA alertó a la opinión pública nacional e internacional sobre lo que considera un intento de control accionario por parte del Gobierno. La advertencia se produjo tras la difusión de una supuesta denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por el liquidador de la empresa Veranera.
Según el comunicado de la compañía, este hecho formaría parte de un proceso de presión institucional. La empresa indicó que ninguno de los directivos mencionados ha recibido notificación formal por parte de las autoridades judiciales.
La firma calificó la situación como un “intento de hostigamiento y amedrentamiento”, asegurando que el objetivo sería afectar la línea editorial de los medios vinculados a la empresa.
Contexto legal y administrativo
La empresa se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Compañías, en el marco de un proceso administrativo en curso.
De acuerdo con sus directivos, el conflicto incluye señalamientos previos relacionados con presuntas irregularidades tributarias y financieras, que han sido rechazadas por la defensa.
En ese contexto, la compañía también cuestionó la difusión de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), que reportó una presunta defraudación tributaria.
Denuncia y versiones en conflicto
El origen de la alerta se vincula con una denuncia atribuida a Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera, quien habría presentado un caso ante la Fiscalía.
GRANASA sostiene que esta acción busca vincular judicialmente a sus directivos para facilitar un eventual traspaso accionario al Estado.
La empresa afirmó que estos procesos carecen de sustento técnico y responden a intereses políticos, según su versión institucional difundida en comunicado oficial.
Granasa alerta a la ciudadanía. pic.twitter.com/3gbTPHAn0l
— Diario Expreso (@Expresoec) April 11, 2026
Posición del Gobierno
El presidente Daniel Noboa se refirió al caso señalando que no existe intención de expropiar ni de tomar control accionario de medios privados.
El mandatario indicó que las acciones del Estado se enmarcan en procedimientos legales vigentes y que cualquier investigación corresponde a las autoridades competentes.
Desde el Ejecutivo se ha reiterado la necesidad de respetar el debido proceso y permitir que las instituciones actúen conforme a la normativa.
Reacciones internacionales
Organismos internacionales han seguido el desarrollo del caso. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por posibles afectaciones a la libertad de expresión.
La SIP hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas a garantizar el respeto a la independencia de los medios de comunicación y al ejercicio periodístico.
Otros organismos vinculados a la defensa de derechos también han señalado la importancia de que cualquier proceso legal se lleve a cabo con transparencia y sin interferencias.
Escenario en evolución
El caso continúa en desarrollo en el ámbito judicial y administrativo. La investigación en la Fiscalía se mantiene bajo las condiciones establecidas por la ley ecuatoriana.
Mientras tanto, la empresa ha solicitado la observación de organismos internacionales, al considerar que su operación y autonomía podrían verse afectadas.
El desarrollo del caso GRANASA se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la libertad de prensa, el control institucional y la relación entre el Estado y los medios de comunicación en Ecuador.
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