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El 8 de abril de 2026, el Consejo Nacional Electoral reaccionó al fallo del Tribunal Contencioso Electoral que sancionó a dos dirigentes de Yasunidos con multas de USD 9.000 cada uno por irregularidades en la campaña de la consulta popular sobre el bloque 43 (ITT), con el fin de garantizar la transparencia electoral.
El organismo electoral explicó que la denuncia fue presentada por su presidenta, Diana Atamaint, en cumplimiento de sus atribuciones de control y fiscalización del financiamiento político. La causa fue analizada por el TCE en segunda instancia.
Aunque el recurso inicial fue rechazado, el tribunal aceptó la apelación. En consecuencia, determinó que toda organización que participa en un proceso electoral debe cumplir las normas vigentes de rendición de cuentas. El CNE enfatizó que la sanción no se relaciona con montos mínimos. Según la institución, responde a incumplimientos formales detectados durante el proceso de auditoría financiera.
Irregularidades detectadas en las cuentas
El organismo detalló que las multas se originaron por omisiones en la rendición de cuentas. Entre ellas constan la falta de estados bancarios, inconsistencias contables y la entrega tardía de informes. Asimismo, se registró la ausencia de justificación de aportes económicos. Estas observaciones forman parte de los mecanismos de control establecidos por la legislación electoral ecuatoriana.
El CNE aclaró que la sanción responde a incumplimientos administrativos y no a diferencias mínimas en valores económicos. En palabras del organismo, se trata de irregularidades verificadas durante el proceso de fiscalización. Según la institución, la decisión “no se debe a un valor específico de centavos”, en referencia a los pronunciamientos difundidos por Yasunidos en redes sociales.
Procesos similares en el Tribunal Contencioso Electoral
El Consejo Nacional Electoral informó que ha presentado nueve denuncias ante el TCE por irregularidades en cuentas de campaña de diversas organizaciones políticas y sociales. Entre los casos se encuentran la Unión Nacional de Educadores y el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza. Estas causas se tramitan conforme a la normativa vigente.
El organismo recordó que su función consiste en garantizar la transparencia y legalidad del financiamiento electoral. Además, reiteró que el control se aplica a todos los actores sin distinción. Los procesos de verificación se ejecutan tras la culminación de las campañas. Este procedimiento permite determinar el cumplimiento de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.
Contexto político y controles posteriores
El control del financiamiento electoral ha cobrado relevancia en los últimos años. Las auditorías posteriores buscan prevenir irregularidades y fortalecer la confianza en los procesos democráticos. En este contexto, el TCE suspendió por nueve meses a la Revolución Ciudadana por inconsistencias en sus cuentas de campaña correspondientes a 2023.
El abogado de la organización, Gabriel Rivera, presentó el 8 de abril una solicitud para revocar la suspensión ante el TCE. El jurista argumentó que existe un impulso fiscal en el que el Ministerio Público no ha solicitado dicha medida. El recurso se vincula con el denominado caso “Caja Chica”. Este proceso continúa en análisis por parte de las autoridades competentes.
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