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El asambleísta Raúl Chávez, del movimiento RETO, lleva 11 días prófugo de la justicia. El 27 de marzo de 2026 fue vinculado al caso Goleada por la Fiscalía General del Estado, que dictó prisión preventiva en su contra. Su abogado presentó la apelación correspondiente, al igual que los hermanos Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez, pero hasta la fecha no se ha convocado audiencia para resolverla.
De acuerdo con el medio Ecuavisa, la Fiscalía basó la vinculación de Raúl Chávez en la ampliación de la versión rendida por José Cevallos, gerente financiero de las empresas de los Álvarez y procesado en el caso Triple A. Según el fiscal, Cevallos declaró que el asambleísta obtuvo dinero de la supuesta estructura delictiva mediante la emisión de facturas por servicios profesionales que nunca se prestaron.
Declaraciones de José Cevallos sobre comisiones y facturas
Cevallos detalló que Chávez facturaba mensualmente a la empresa Corpalubri bajo el concepto de “servicios profesionales” y cobraba mediante cheque. Sin embargo, según el versionante, esas facturas correspondían en realidad a comisiones por la venta de combustible, por las cuales Chávez recibía el 25 % de la utilidad bruta generada en ventas a empresas como Acotrans, Molinos Champion, RFS y Unicol.
El monto total recibido por estas comisiones asciende a USD 135.000. Además, Cevallos aseguró que, por disposición de Aquiles Alvarez, Raúl Chávez recibió dos vehículos de la empresa Ternape sin una transacción económica real. Uno fue puesto a nombre del asambleísta, quien justificó el pago con una factura de USD 40.000; el segundo vehículo fue registrado a nombre de la empresa CHN, de propiedad de Raúl Chávez. Ternape emitió una carta de venta por USD 40.000 sin factura ni registro de pago.
Transferencias y facturación de la empresa CHN
La Fiscalía también expuso que Raúl Chávez recibió transferencias desde Corpalubri a la cuenta de su empresa CHN por USD 150.000. Para justificar esos recursos, CHN facturó a Corpalubri cerca de USD 400.000 entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, bajo los conceptos de “planificación de gestión” y “estudios de variación de combustible”, los cuales la investigación califica como ficticios.
La entidad complementó su acusación con información tributaria, datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y registros de la Superintendencia de Compañías. Raúl Chávez y su abogado sostienen que el caso responde a una persecución política y a una retaliación por no ceder el movimiento RETO.
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