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El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes y por unanimidad una ordenanza que exige a las operadoras de taxi incorporar unidades accesibles, con el fin de garantizar movilidad segura e inclusiva para personas con discapacidad.
La nueva normativa establece que el servicio de taxi en la capital ecuatoriana deberá adaptarse para atender a usuarios en silla de ruedas y personas con movilidad reducida. La decisión responde a una demanda histórica en la ciudad. Actualmente, no existen unidades de taxi plenamente adaptadas para este grupo de la población. Esta situación ha generado barreras constantes para adultos mayores y ciudadanos con limitaciones físicas temporales o permanentes.
El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, explicó: “El objetivo es garantizar un servicio seguro, accesible y alineado con las necesidades reales de la ciudadanía”.
Cómo funcionará el sistema de taxis accesibles
La ordenanza no incrementa el número total de taxis en circulación. En cambio, el Municipio utilizará cerca de 1.600 registros municipales suspendidos para implementar el nuevo esquema sin ampliar el parque automotor. Cada una de las 474 operadoras de taxi deberá incorporar al menos una unidad adaptada. La ciudad cuenta con más de 27.000 taxis, por lo que la medida se aplicará de forma progresiva.
La concejala Cristina López, impulsora de la iniciativa, señaló: “Esta ordenanza responde a una necesidad urgente de equidad en el transporte”. Su declaración refuerza el enfoque social de la normativa.
Incentivos y sanciones para asegurar cumplimiento
La ordenanza incluye beneficios para las operadoras que cumplan con la implementación. Entre los incentivos constan la exención del pico y placa, prioridad en la Revisión Técnica Vehicular y asignación de cupos específicos. Estas medidas buscan facilitar la transición hacia un sistema inclusivo. También pretenden reducir los costos operativos de las unidades adaptadas, que requieren adecuaciones técnicas especiales.
Sin embargo, las operadoras que no cumplan enfrentarán sanciones. Esta disposición busca evitar que la norma quede sin aplicación real en el sistema de transporte. El acceso al transporte en Quito está a punto de cambiar con esta ordenanza. La normativa marca un avance en políticas públicas orientadas a la inclusión y accesibilidad.
Además, la medida se alinea con estándares internacionales que promueven el derecho a la movilidad sin discriminación. Esto implica garantizar condiciones dignas para todos los usuarios. Con esta decisión, el Municipio busca consolidar un modelo de transporte más equitativo. La implementación progresiva será clave para evaluar su impacto en la ciudad.
Contexto de la movilidad inclusiva
En Quito, las personas con discapacidad han enfrentado limitaciones constantes para movilizarse en transporte público y privado. La falta de infraestructura adaptada ha sido una barrera persistente. La ordenanza representa un paso concreto para reducir estas desigualdades. También establece obligaciones claras para el sector del taxi, que cumple un rol clave en la movilidad urbana.
El cumplimiento de la norma dependerá del control municipal y de la respuesta de las operadoras. La inclusión en el transporte se convierte ahora en un requisito formal y verificable.
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