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Este sábado 28 de marzo de 2026, el parque Cervera de Montecristi será escenario de un plantón convocado por la Comisión Prodefensa del Cerro Montecristi y respaldado por concejales, comuneros y vecinos del cantón. El objetivo es claro: detener los daños ambientales que, según los organizadores, han causado las intervenciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) desde 2021 y exigir al Ministerio de Ambiente que cumpla con sus obligaciones de control y remediación.
Antecedentes de una intervención controvertida
La historia comienza en 2021, cuando la FAE inició trabajos de deforestación en el cerro para ampliar su capacidad operativa aérea. Según el concejal Adrián Pazmiño, la intervención se realizó sin licencia ambiental previa, sin consulta previa a las comunidades y sin los registros correspondientes del Ministerio de Ambiente.
En ese mismo año, el entonces presidente Guillermo Lasso emitió el decreto presidencial 157, que los defensores consideran inconstitucional. El cerro había sido declarado Bosque Protector en 1996 y, en 2008, la Asamblea Nacional Constituyente lo reconoció como Patrimonio Natural del Ecuador, un mandato constitucional superior a cualquier decreto presidencial.
Recién en 2022 se otorgó el permiso ambiental y en 2024 el Ministerio de Ambiente entregó en comodato 9,8 hectáreas a la FAE por 50 años. El comodato, firmado en noviembre de 2024, ya lleva un año y cinco meses sin que se haya cumplido el objeto para el cual fue entregado, según los denunciantes. Pazmiño recuerda que el Ministerio tiene la potestad de realizar inspecciones y, de comprobar incumplimientos, puede dar por terminado el comodato.
La crisis actual: deslizamientos y falta de agua
Hoy la situación es visible y dramática. Ernesto Castillo, también integrante de la Comisión Pro-Defensa del Cerro, manifestó que se han abierto cuatro vías de acceso donde inicialmente solo se autorizó una. “Estas vías han provocado deslizamientos de tierra que han afectado gravemente a las comunidades de Toalla Grande, Toalla Chica y El Chorrillo”, dijo. Acotó que las tuberías de agua provenientes desde el cerro quedaron destruidas, los pozos de verano colapsaron y los comuneros perdieron el acceso histórico al líquido vital. Actualmente toda la comunidad se abastece con tanqueros y no se les permite ingresar a reparar las tuberías.
Según Castillo, las lluvias recientes han agravado el problema. La tierra removida ha llegado hasta las calles del casco urbano de Montecristi. “Todo esto evidencia que el cerro está mostrando su fragilidad ecosistémica: ya en 1998-1999, un deslave obligó a reubicar a 35-40 familias del barrio John F. Kennedy. Por lo que hoy, con el pronóstico de un posible Fenómeno de El Niño, el temor se multiplica”, subrayó.
Por su parte María Triviño, vecina que vive detrás de la iglesia, describe el panorama con crudeza: “Estamos sumamente preocupados. En 1999 se formó una laguna donde había una cancha y el agua filtró hasta bajar a las casas. Ahora el cerro está acumulando mucha agua y tememos que se repita la tragedia”, apuntó.
Las demandas de quienes luchan por el cerro
Los defensores no se oponen a la seguridad nacional. “Todos queremos seguridad, pero no a costa de destruir nuestro patrimonio”, enfatiza Ernesto Castillo. Lo que exigen es que se detenga el daño adicional, que se realicen las inspecciones obligatorias y que se ejecuten las remediaciones urgentes en las comunidades afectadas.
Piden, además, que el alcalde de Montecristi asuma su rol de autoridad cantonal y apoye la causa. Castillo denuncia que, pese a los acercamientos, la actual administración municipal no ha dado respuestas concretas.
Ante la falta de atención nacional, los juristas que acompañan al Comité evalúan acciones legales internacionales. “Ya a nivel nacional no se nos ha hecho caso”, afirma Castillo. El comodato de 50 años, agregan, compromete a futuras generaciones: “Va a afectar a nuestros nietos y bisnietos”.
Este sábado, con el plantón, buscamos visibilizar una lucha que trasciende lo local. “No solo defendemos un cerro; defendemos agua, suelo, historia y el derecho de las generaciones venideras a heredar un patrimonio natural intacto”, enfatizó Triviño.
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